Los Decretos de Emergencia Social son una burla a todos los colombianos y una burda intimidación tanto a los profesionales de la salud como a los afiliados para que no lesionen financieramente el Sistema, que en solo 16 años, es decir, desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, ha colocado a las Empresas Aseguradoras (EPS) entre las 20 empresas mas grandes y poderosas del país.
En adelante, ya no será posible acceder a los servicios No POS mediante Tutela. Dichos Decretos se burlan no solo de todos los colombianos que lograban mediante la Tutela acceder a los servicios que les niegan las EPS, sino que además se burlan de la Corte Constitucional que creo y desarrolló dicha herramienta en defensa de los derechos fundamentales, como son la salud y la vida.
Además, son claramente una maniobra intimidatoria que obliga a los pacientes a no pedir o exigir un nivel óptimo de calidad en salud, bajo la amenaza expresa de tener que pagar por los servicios no incluidos en el POS, ofreciéndole como única alternativa que recurra a sus propios ahorros, sus ahorros pensionales, sus cesantías o que recurra a los prestamos en el sector bancario y/o cooperativo. Y en caso de que dicho "Paciente" no tenga posibilidades de recurrir a ninguna de las anteriores posibilidades, entonces tendrá que responder financieramente su núcleo familiar.
Son también una intimidación a todos los profesionales de la salud, conminándolos a no prescribir exámenes y medicamentos que puedan "ocasionar un daño Económico al Sistema", nuevamente bajo la amenaza expresa de ser sancionados con una multa de 10 a 50 SMMLV, es decir entre 5 y 25 millones de pesos.
De esta manera se consolida lo que desde el Sector Salud se ha denominado "una abusiva intromisión del Estado en la Autonomía Profesional", la cual no es otra cosa que la capacidad que tienen los profesionales de la Salud para decidir libremente lo que es mejor para un paciente, y no como ahora, en donde el Sistema los ha convertido en una especie de verdugos obligados o verdugos a la fuerza de todo un país, al imponerles de manera velada pero inequívoca, limites en las cantidades y calidades de medicamentos, exámenes de apoyo diagnostico y remisiones a especialistas, bajo la amenaza del despido y en aras de lo que ellos mismos (EPS) denominan "la contención del gasto".
En conclusión, la Salud en Colombia no es más que un buen negocio, manejado y administrado por "los negociantes de la Salud", cuyo insaciable apetito por el dinero y en un claro contubernio con el gobierno, pretenden imponernos lo que en una palabra resulta abominable. Confiamos en que el Congreso de la Republica y la Corte Constitucional saldrán en defensa de la gente de Colombia.
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